El documento final del Pacto Fiscal no resuelve problemas estructurales
Como resultado del Pacto Fiscal, conducido por el Gobierno, que contó con la participación de representantes de gobernaciones y municipios, en fecha 5 de diciembre de 2017, el Servicio Estatal de Autonomías emitió el “Documento Final del Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal”, el cual no plantea cambios estructurales. El resultado mantiene intacta la antigua arquitectura fiscal y posterga nuevamente el tratamiento de temas urgentes.
Al final de este proceso, prevalecen los problemas, inconsistencias, limitaciones y temas pendientes, como ser:
· Un sistema tributario que no llega a la mayor parte de la economía y que no asegura una progresividad, como define la Constitución, respecto a tributar en proporción a la capacidad económica.
· Prevalecen la casi total centralización en la recaudación de tributos, la marcada inequidad en la distribución de recursos entre las diferentes regiones y los insuficientes recursos para las autonomías departamentales.
· Se mantiene una alta dependencia de la renta extractiva, con el riesgo de la insostenibilidad de las finanzas públicas, además de una dispersión de los recursos del gas.
· En general, una deficiente orientación de los recursos públicos sin priorizar, efectivamente, sectores fundamentales como la salud y el desarrollo productivo, este último importante para la generación de empleo.
Desde el proceso constituyente, como Fundación Jubileo, articulada a una Plataforma de organizaciones e institucionales aliadas denominada “Pacto por el Bien Común”, venimos demandado el diseño de una nueva arquitectura fiscal, orientada a concretar cambios estructurales, con participación ciudadana y guiada por el propósito del bien común.
El Pacto Fiscal fue agendado en 2010 con la Ley Marco de Autonomías, pero se realizó el 2017, lamentablemente después de que pasó el periodo denominado de bonanza económica, momento en el que era más propicio realizar las reformas fiscales necesarias. No hubo la suficiente voluntad política y se actuó en función del corto plazo.
Al inicio de este demorado Pacto Fiscal, manifestamos nuestras observaciones a la metodología planteada por el Gobierno y aprobada por el Consejo Nacional de Autonomías que, en principio, ya limitaba la perspectiva del proceso.
Por un lado, la sociedad civil fue excluida de la construcción de acuerdos que es el Pacto Fiscal, reduciéndose a un espacio de negociación entre los diferentes niveles de gobierno, donde se discutieron intereses contrapuestos, difíciles de viabilizar, en lugar de resolver necesidades reales; y se desaprovechó lo que debería ser un compromiso entre Estado y sociedad, con derechos, obligaciones y responsabilidades.
No se tomó en cuenta el mandato del artículo 321. II de la Constitución: “La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo”.
Asimismo, la metodología fue diseñada para discutir el tema de los recursos fiscales para los administradores públicos de los diferentes niveles de gobierno, en lugar de relacionar los recursos públicos con los bienes y servicios que el Estado provee y que la población requiere. No se consideró un costeo de competencias como base para debatir y definir la distribución y asignación de esos recursos.
El debate se limitó al uso de los recursos administrados por los gobiernos subnacionales, sin una discusión detallada sobre los recursos que administra el Nivel Central, los cuales representan la mayor proporción.
Bajo este marco se desarrollaron las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías y la Comisión Técnica para el Pacto Fiscal, de las cuales no se tuvo mayor información pública sobre los avances.
El país ha desperdiciado la gran oportunidad de haber contado con millonarios ingresos provenientes de la renta extractiva en el periodo de la bonanza, que podrían haber sido invertidos en construir una economía productiva, diversificada y sostenible, para lo cual se requería de un proceso de concertación en un Estado con autonomías.
Por nuestra parte, como fue en diversos momentos, hemos realizado recomendaciones, tanto para la metodología del Pacto Fiscal, como reformas fiscales específicas.
Como institución de la sociedad civil, continuaremos con el seguimiento, análisis y formulación de propuestas; observando y rechazando la manera unilateral del manejo de temas fundamentales para el país, en procura de un auténtico diálogo para la búsqueda de soluciones; y ante la necesidad de implementar políticas que contribuyan a un desarrollo más equitativo y sostenible.
Fundación Jubileo
Diciembre de 2017